vade retro, congresista

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¿Elecciones adelantadas o la política peruana en offside?

Presentación en la Mesa Verde del IEP

Es necesario, también, preguntarse sobre si hay algo más debajo de toda esta crisis. ¿Están agotadas las reglas del régimen político heredado de la transición del 2000? ¿En qué medida lo que vemos es un síntoma de problemas más complejos en la relación entre el Estado y una sociedad que ha experimentado múltiples transformaciones desde la década de los 90? ¿Qué tipo de Estado puede construirse bajo la situación actual y en qué medida puede ser diferente al neoliberal, por llamarlo de alguna manera?

Ivan Lanegra

Publicado: 2019-08-14
El período gubernamental 2016-2021 es el que ha visto más vicisitudes en lo que va del siglo. Nacido de una segunda vuelta ganada por poco más de 40,000 votos, trajo uno de los problemas más difíciles de encarar para todos los gobiernos electos de nuestra historia: un parlamento con una mayoría abiertamente opositora al ejecutivo. Esta situación ha culminado habitualmente con un golpe de Estado. Fuerza Popular, un partido cuyas decisiones dependen más de problemas personales que de objetivos políticos organizacionales, no digamos ya del interés público, impulsó censuras ministeriales, vacancias presidenciales y, tras la renuncia del presidente Kuczynski, pareció limitar seriamente el margen de acción de Martín Vizcarra. Este, aprovechando diversos sucesos (des)afortunados, logró lidiar con las condiciones adversas, tomando la lucha contra la corrupción como principal plataforma. Sin embargo, el presidente anunció – para sorpresa general – el recorte del período presidencial y congresal, y la celebración de elecciones en abril de 2020.  
Debemos empezar por reconocer que el adelanto de elecciones es factible legalmente. Para ello, es necesario realizar una reforma provisional de la Constitución, sea por referéndum o por una doble legislatura (previa modificación del reglamento del Congreso). Pero, la organización de las elecciones (y el eventual referéndum) tiene plazos muy cortos, por lo que, de no definirse una ruta muy clara en agosto, tanto en el parlamento como en los organismos electorales, podría no llegarse a tener elecciones el 19 de abril de 2019.
¿Cuál es significado político de esta propuesta? En primer lugar, el ejecutivo está reconociendo que no le es posible sostener dos años de gobierno frente a un congreso que ni siquiera le da garantías de culminar su mandato. Dentro de un año, además, el presidente ya no podrá disolver el parlamento, con lo cual crece el riesgo de un comportamiento parlamentario abiertamente hostil. Por otro lado, aunque el gobierno logró impulsar cambios en el sistema de justicia –con resultados aún inciertos, en particular por errores de diseño introducidos por el Congreso– así como modificaciones en las reglas del sistema político –aún en proceso, con posiciones ondulantes del ejecutivo sobre su relevancia y con la introducción de cambios sustantivos por parte del parlamento-, otras áreas de la gestión pública muestran un comportamiento inercial, como es el caso de los conflictos sociales. Aquí, por ejemplo, a pesar de conocer los problemas que enfrentan proyectos como Las Bambas o Tía María, el ejecutivo fue incapaz de adelantarse y plantear una agenda de reforma de la regulación minera. Fue el colectivo de los gobernadores regionales del Sur quienes plantearon la necesidad de dicha reforma, ante lo cual el gobierno ha anunciado la elaboración de una propuesta de nueva Ley General de Minería, pero sin plantear, al menos, los lineamientos centrales de dicha reforma.
De otro lado, la ausencia de una intermediación política eficaz está obligando a recurrir directamente al voto popular como vía para resolver los conflictos políticos. Sin embargo, esta dinámica puede también agotarse si la situación conflictiva persiste, incluso con actores diferentes. Además, la política está operando más al nivel de la definición de las reglas de juego (la Constitución) antes que al juego político en el marco de dichas reglas. Discutir las reglas no es necesariamente un problema, siempre que se haga de una forma estructurada (con reglas claras para construir dichas reglas) y no de forma parcial, no sistemática, o como simple respuesta a la coyuntura.
¿Qué consecuencias políticas traería el adelanto de elecciones? Las recientes encuestas revelan un amplísimo apoyo a la propuesta presidencial. La expectativa es que las elecciones generen una representación política que castigue el comportamiento negativo de los actores políticos más importantes del período 2016-2020. Dado que los congresistas no podrán reelegirse, se espera que esto se exprese en una caída severa en el voto a los grupos políticos que – a juicio de los electores – han tenido un peor desempeño. Sin embargo, no es fácil generar dicha conexión en una política sin partidos, en donde el candidato y los recursos políticos de que disponga, son más relevantes que la organización. Si la oferta política es de mala calidad, los resultados pudieran ser similares en término de representación, a pesar los electores. La propuesta de reforma política –incluso bajo la fórmula planteada por el gobierno – no podrá variar en tan poco tiempo este escenario. No debemos olvidar que los actores políticos locales están en mucha mejor posición de imponer sus condiciones a los partidos. Por último, pero no menos importante, una cuestión crítica será el definir con claridad las reglas de la participación y del proceso electoral en su conjunto, lo cual es en sí mismo una materia sensible que demanda acuerdos políticos mínimos. 
No obstante, el fujimorismo sufrirá con mucha probabilidad un importante retroceso. Este solo factor puede generar mejores condiciones de negociación dentro del parlamento y entre este y el poder ejecutivo. Por ello, el adelanto de elecciones es visto como una amenaza para un partido que necesita del poder parlamentario para mantener unido a congresistas con intereses particulares diversos y con la espada de Damocles de los temas pendientes con el poder judicial. La situación de las demás organizaciones políticas es variada, con algunas en mejores condiciones de ir a elecciones en 2020 que otros, así como diferentes intereses sobre las reglas que deberían regirlas.
Es necesario, también, preguntarse sobre si hay algo más debajo de toda esta crisis. ¿Están agotadas las reglas del régimen político heredado de la transición del 2000? ¿En qué medida lo que vemos es un síntoma de problemas más complejos en la relación entre el Estado y una sociedad que ha experimentado múltiples transformaciones desde la década de los 90? ¿Qué tipo de Estado puede construirse bajo la situación actual y en qué medida puede ser diferente al neoliberal, por llamarlo de alguna manera? No hay una repuesta clara a todas estas cuestiones. Aun si concluyéramos que las reglas políticas actuales no funcionan, no es evidente que podamos instaurar reglas mejores. Menos aún, tienen los actores control sobre el signo u orientación de los cambios. 
Entonces, ¿en este contexto habrá adelanto de elecciones? Todo depende de los votos de Fuerza Popular. El costo de bloquear el adelanto será muy alto para ellos. El problema es que quizá ya no es solo un problema político –ni siquiera de corto plazo- sino uno ligado a estrategias de defensa penal. Incluso si Keiko Fujimori considerara que el escenario del adelanto es el menos malo para ella, las tensiones al interior del fujimorismo (y de parlamento en su conjunto) son múltiples, lo cual aumenta la incertidumbre y hace necesarios acuerdos complejos para facilitar una decisión pronta. ¿Quién podría liderar dichos acuerdos? Seguramente tendremos las respuestas a estas cuestiones en las próximas semanas. Quizá, si no se aclara el camino, terminemos con un presidente obligado a llegar al 2021.  En lugar de elecciones adelantadas, podemos terminar con la política en offside.
Lima, 6 de agosto de 2019.

Escrito por

Ivan Lanegra

Enseño ciencia política en la PUCP y en la Universidad del Pacífico. Tras 20 años en el Estado, intento escribir con simpleza sobre él.


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Ensayos de Estado

Textos breves sobre política, Estado y gestión pública