Nací durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Gracias a ello, soy parte de la primera generación de peruanos que crecieron en un país con igualdad formal universal. No hablo de la igualdad socioeconómica, ni de la reducción significativa de la desigualdad, ni siquiera de la disminución de la pobreza. Aunque la élite oligárquica perdió sus bases materiales, parte de ella se transformó y adoptó formas más modernas, mientras que una fracción fue reemplazada por otros actores económicos. La igualdad a la que me refiero es la liberal -sí, liberal-, la que supone el pleno reconocimiento de los derechos civiles y políticos a cada peruana y peruano. 

Por el lado de los derechos civiles, la propiedad y el trabajo indígenas estaban en el centro de las preocupaciones. La reforma agraria fue la principal medida con relación al primer punto e implicó una redistribución de la tierra cuyas consecuencias –positivas y negativas– llegan a nuestros días. El fin de las prácticas de servidumbre indígena fue su efecto más significativo. En el campo político, la acción más importante solo se concretaría al final del gobierno militar y tomaría forma jurídica en la Constitución de 1979: el voto universal. Como señala Alicia del Águila, el Perú era en 1963 –cuando fue electo como presidente Fernando Belaunde- el país latinoamericano con la proporción más pequeña de votantes registrados en el padrón electoral: apenas un 18% de la población del país. Los analfabetos, en su gran mayoría indígenas, estaban excluidos. Estos alcanzaron la ciudadanía plena apenas cuatro décadas atrás.

La igualdad formal fue una promesa de los inicios de la vida republicana ¿Por qué el Perú pudo recién alcanzarla hace menos de medio siglo? Aunque hay antecedentes de propuestas y proyectos durante los primeros cien años de vida independiente, las primeras propuestas integrales vienen de textos fundamentales de la política peruana escritos entre 1920 y 1930, escritos por Haya de la Torre, Valcárcel, Mariátegui y Víctor Andrés Belaunde. Aunque los caminos y prioridades planteados por ellos eran diferentes, todos buscaban resolver el problema de una sociedad excluyente.

Sin embargo, por diversas razones, la sociedad peruana no logró realizar ninguno de estos proyectos a través de sus fuerzas políticas civiles. La exclusión de los partidos de base popular produjo incentivos perversos que llevaron a alianzas que, en lugar de buscar transformaciones, procuraban intercambiar la negada participación política por la postergación o la neutralización de las reformas. La propia exclusión política generaba el problema de elecciones sin los principales beneficiarios de los urgentes cambios. La llegada de nuevos partidos reformistas (Acción Popular, y la Democracia Cristiana) pareció abrir una ventana de oportunidad para la agenda de la igualdad liberal. Pero una pésima estructura de gobernanza política terminó por empantanar los esfuerzos reformadores. 

El fracaso del gobierno 1963-1968 fue una responsabilidad compartida tanto por la alianza en el Ejecutivo, conducida de forma errática por el presidente Belaunde, como por las fuerzas opositoras –el APRA y el partido del exdictador Odría, su antiguo perseguidor–, que usaron su posición para hostigar al gobierno. Como lo destacó un editorial del diario El Comercio del 4 de octubre de 1968, la lamentable situación descrita fue la causa inmediata del golpe de Estado. En este contexto, la llegada de un gobierno militar aparecía como la oportunidad de atender, finalmente, la deuda de la igualdad liberal, punto de partida para un proyecto de sociedad más plural, pero a la vez mejor integrada. Y lo hizo. Concretó en buena parte los proyectos de los partidos reformadores. De ahí que no es sorprendente que Velasco le dijera a César Hildebrandt en 1977 –tras ser derrocado– que tenía simpatía por los principios del partido Democracia Cristiana.

Sin embargo, el costo de traer –o imponer– la igualdad liberal de forma vertical, fue la de acompañarla de una abierta hostilidad a la construcción de los acuerdos, agrupaciones y consensos necesarios para construir la política democrática y plural que sirviera de puente entre la igualdad formal y la justicia social. La ciudadanía plena llegó por vía autoritaria. Esto fue el caldo de cultivo para varios de los fenómenos que marcaron el final del siglo pasado: la informalidad galopante, Sendero Luminoso, y el desprestigio de la política. El fujimorismo y el proyecto neoliberal lograron ponerle fin a la amenaza de la violencia terrorista, pero no a la informalidad, ni menos a la desconfianza en la política y en el Estado. Por el contrario, sus políticas agravaron la corrupción, profundizaron la crisis de los partidos políticos y debilitaron el Estado de Derecho. En este marco, los conflictos sociales y la inseguridad ciudadana se agregaron a las preocupaciones sociales al poco tiempo.

Es por todas estas razones que el intentar un juicio sobre el gobierno de Velasco no es simple. Hay una evidente conexión entre el gobierno de las fuerzas armadas y los proyectos modernizadores del siglo XX peruano. No obstante, el proyecto impuesto por gobierno militar también era su opuesto: Haya, Mariátegui, Valcárcel y Víctor Andrés Belaunde, entendían que algún sector (o varios) de la sociedad civil (los trabajadores, los obreros, los campesinos, los indígenas, la burguesía más moderna, etc.) debía liderar el cambio. Por el contrario, Velasco intentó construir una idea de nación desde arriba, política que ha tenido un impacto duradero en el imaginario del país. Mirado desde el individuo, no había limitaciones para el ejercicio de la ciudadanía, se instauró la libertad. Pero al cambiar de perspectiva hacia lo social, la capacidad de generar acuerdos amplios se hizo cada vez más difícil. 

Desde otra mirada, Alberto Vergara ha identificado esa continuidad entre los gobiernos de Velasco y Fujimori: ambos son proyectos centralizadores, que debilitaron las élites periféricas en el país, con lo cual –al carecer de contrapesos y espacios de negociación– lograron avances significativos, pero vulnerables al autoritarismo, la corrupción y la fragmentación política. En síntesis, para construir las instituciones eficaces, legítimas y democráticas que conecten los derechos civiles y políticos con las justas aspiraciones sociales (económicas, ambientales y culturales), el camino autoritario, vertical, no sirve. He ahí el desafío del Perú actual.