En diciembre de 2017 el entonces vicepresidente Martín Vizcarra sabía que el escenario en el cual tendría que asumir la presidencia era tanto real como altamente incierto en su devenir y resultados. La inesperada derrota de la vacancia a Kuczynski pudo darle un giro a la historia, pero el apurado indulto a Alberto Fujimori alineó a casi todo el congreso contra el expresidente, lo cual conduciría más temprano que tarde a su vacancia. Esto implicaba construir acuerdos mínimos sobre la ruta a seguir, así como evitar mayores costos políticos a Fuerza Popular, atendiendo a la vez los intereses de otros grupos. César Villanueva cumplió un papel muy importante –y público– en este proceso. Tanto que tuvo que afirmar que él no ocuparía una posición en el eventual gobierno de Vizcarra. Es probable que Villanueva haya servido de enlace entre este proceso y el entonces embajador peruano en Canadá, quien probablemente tenía como principal preocupación el contar con las condiciones mínimas para ejercer la presidencia en caso PPK dejara el puesto, para lo cual el papel del grupo liderado por Keiko Fujimori resultaba crucial. La reunión que Daniel Salaverry señala haber tenido con el embajador Vizcarra en febrero –y en donde se discutió el escenario de la vacancia presidencial– sería parte de esta etapa.  

Cada vez hay más elementos que nos indican que Villanueva tuvo un papel activo en la consecución de un acuerdo mínimo que satisficiera las preocupaciones de Vizcarra: una suerte de pacto de no agresión con Fuerza Popular que a la vez le garantizara el margen de acción suficiente para gobernar, sin quedar por ello sometido al fujimorismo. En este contexto, la elección del gabinete tenía que ser funcional a este acuerdo. ¿Quién mejor que Villanueva para conducir al gobierno, en tanto gestor del proceso, a pesar de su promesa de no formar parte de él? Todo esto explica el perfil de los ministros elegidos, el papel posterior del premier (en particular en el conflicto con exministro de economía y finanzas, Tuesta), o la actitud timorata de miembros del gabinete ante casos como los ataques al Lugar de la Memoria o las críticas al enfoque de género. Era el precio de mantenerse en calma luego de la tormenta.  Una tranquilidad tan precaria como la existente en el ojo de un huracán.

Las reuniones secretas entre Vizcarra y Keiko Fujimori, coordinadas por Villanueva deben leerse en este contexto. La primera reunión parece no haber cambiado las cosas. Luego vino el primer conflicto importante con el fujimorismo a raíz de la llamada «Ley Mulder», la cual redujo sin justificación la capacidad de acción del ejecutivo, el cual la rechazó planteando su inconstitucionalidad. Luego vino la segunda reunión, en donde probablemente los temores parecieron confirmarse cuando Keiko Fujimori planteó medidas que implicaban en la práctica someter al ejecutivo a sus intereses. Esto debió llevar a Vizcarra a entender que las condiciones del acuerdo –explícito o tácito– se estaban rompiendo y que el conflicto podía escalar.

El escándalo de los audios y el caso Lava-Juez abrió una oportunidad para el presidente en estas circunstancias. Su decisión de enfrentar directamente al parlamento –y a Fuerza Popular–, sabiendo que eso iba a implicar una reacción dura del fujimorismo, ocurre posiblemente porque no había opciones. Seguramente Villanueva prefería otro camino –su falta de entusiasmo público con todas las medidas del gobierno que implicaban colisionar con el fujimorismo parecen comprobarlo–, y las tratativas de una tercera reunión fueron quizá un último intento. Pero ya no hubo marcha atrás. ¿Qué papel juega ahora Villanueva en este nuevo contexto? Las entrevistas que dio el domingo –tras saber que Keiko Fujimori hiciera públicas las reuniones con el presidente– y ayer lunes – tras la respuesta del primer mandatario–, mostraron a alguien desconectado no solo de las exigencias políticas del momento, sino también de los nuevos objetivos presidenciales. Mientras tanto, mientras los voceros de Fuerza Popular se despliegan en los medios atacando al presidente, el gabinete ministerial no sale a responder.

En este relato hay varios puntos que se irán confirmando o corrigiendo. En cualquier caso, es probable que el presidente Vizcarra esté considerando la renovación de su gabinete a fin de adecuarlo al nuevo escenario. Esto traería consigo la necesidad de solicitar la confianza al Congreso, la cual, de ser negada, abriría la posibilidad de la disolución constitucional del Congreso. Las hostilidades no van a cesar y el presidente necesitará mantener no solo una alta aprobación sino aumentar la capacidad del gobierno de hacer política, así como establecer un rumbo claro para su gestión que le permita mostrarse por encima de los líos, traiciones y ambiciones que han llevado a la ciudadanía a otorgarle a los políticos los más altos niveles de desaprobación en lo que va del siglo.