La desaceleración económica es una mala noticia para la política ambiental. Cuando la economía crece menos, aquella es acusada de impedir más inversiones. Ante ello, las presiones por reducir o flexibilizar los objetivos medioambientales son más altas. Al mismo tiempo, las capacidades institucionales para preservar dichos objetivos suelen ser insuficientes. 

Las señales del menor crecimiento del PBI peruano eran ya muy claras en el año 2013. Como reacción, el gobierno de Ollanta Humala intentó hacer más lenta la implementación de algunas políticas aprobadas –el cambio en la autoridad a cargo de la evaluación de impacto ambiental–, redujo la autonomía del Ministerio del Ambiente –generando un veto formal de las autoridades sectoriales sobre los objetivos de política ambiental y la creación de zonas reservadas– y limitó el ejercicio de algunas funciones de las autoridades ambientales –suspendiendo por 3 años la capacidad plena de la autoridad de fiscalización para imponer multas por infracciones ambientales (el OEFA) o anulando el ordenamiento territorial–. Aunque estas medidas prometían promover las inversiones, las cifras económicas de los años siguientes no variaron significativamente las tendencias previstas.  

Por su parte, las autoridades ambientales asumieron un discurso que enfatizaba la no incompatibilidad entre el crecimiento económico y la política ambiental. Un sentido compartido por el concepto de «economía verde», que plantea compatibilizar el objetivo del crecimiento del PBI con la reducción de sus impactos ambientales, mediante soluciones tecnológicas y una mayor eficiencia en el uso de los insumos. En una línea similar se encuentra la idea de que una política ambiental sólida es un requerimiento para la integración en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE–, en vista que los países que conforman esta organización internacional tienen niveles más altos de desempeño ambiental.

El inicio del gobierno del Presidente Kuczynski ocurrió en un contexto económico más difícil que el de los últimos años de su antecesor. Así por ejemplo, las presiones por reducir los estándares de calidad ambiental del aire –considerados una barrera para el desarrollo de algunas actividades económicas altamente contaminantes– aparecieron muy pronto. También las demandas por volver a prorrogar los plazos de formalización de la minería informal/ilegal, flexibilizando las exigencias que debían cumplir. El gobierno prefirió la reducción y la flexibilización. 

La estrategia de los actuales responsables del Ministerio del Ambiente parece combinar el discurso de la modernización ecológica –economía verde–, con el énfasis en los temas que no implican fricción mayor con los sectores productivos (bionegocios o residuos sólidos por ejemplo), estrategia similar a la del primer Ministro del Ambiente, Antonio Brack cuando centraba su discurso público con el lema «el Perú no es un basurero». 

Todo esto ha sido acompañado con la aceptación explícita –o implícita– de las restricciones y limitaciones a su accionar impuestas por el gobierno pasado. En este contexto, el perfil bajo de las principales autoridades del Ministerio no es necesariamente el problema principal. Éste es, en cambio, la ausencia de campos sustantivos de acción con impacto público. Sin ellos, el gobierno puede no solo neutralizar sino también invisibilizar la gestión pública ambiental. Cuestiones sustantivas que en el gobierno anterior fueron cubiertas en buena medida por el papel del Perú en las negociaciones climáticas globales, la COP 20 y el Acuerdo de París.

¿Cuáles son los temas que podrían servir para mejorar el perfil de la política ambiental? El fortalecimiento del Servicio Nacional de Certificación para las Inversiones Sostenibles –Senace– es un área con potencial. Una reforma de la evaluación de impacto ambiental seria y ambiciosa podría darle un cambio de acción al Ministerio del Ambiente. La calidad de los proyectos de inversión depende de un buen modelo de evaluación. Para ello, por cierto, centrar la discusión en la reducción de los plazos es una posición paupérrima. Es más importante concentrar los esfuerzos en atender de manera más eficaz los problemas sustantivos que tienen los ciudadanos frente a los proyectos de inversión. El gobierno ha anunciado que la inversión pública será una herramienta crucial para ganar puntos de crecimiento. Quizá hay ahí también otra oportunidad para impulsar la agenda ambiental, considerando que la misma puede articularse a objetivos ambientales. 

Otro aspecto crucial es replantear la gestión del territorio. Pero esto implica recuperar una visión territorial de la gestión ambiental y poner sobre la mesa la discusión sobre cómo se otorgan derechos sobre los recursos naturales renovables y no renovables en el Perú. En el mismo campo se encuentra la revisión de la relación entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales en esta materia. Recientemente estos han anunciado su interés de tener una mayor participación en el ámbito de la minería. 

Otra línea relevante es la atención de los pasivos ambientales. Los derrames de petróleo continúan y el Ministerio del Ambiente no luce como el líder frente a este y otros problemas similares. En la Amazonía el trabajo con del gobierno con los pueblos indígenas tiene un enorme potencial y aparece en el Plan de Gobierno de PPK, pero necesita de liderazgo en la conducción multisectorial. Finalmente, la agenda de la OCDE puede servir de punto de apoyo político para la política ambiental. Todo esto debe ser articulado en una narrativa potente y creíble, hasta el momento ausente.

Es claro que la política ambiental no es una cuestión fácil en el país -ni en ningún otro- y que los desafíos serán igual de formidables para cualquier equipo que se encuentre a cargo. Sin embargo, siempre hay oportunidades, como «El Niño costero» lo fue para posicionar la agenda de adaptación al cambio climático en la agenda pública. ¿Habrá espacio en las prioridades gubernamentales del nuevo año de gobierno para los temas señalados? ¿Alguno de estos –u otros similares– serán mencionados en el mensaje del Presidente el 28 de julio? ¿Las lecciones de El Ñiño costero lo llevarán a resaltar, por ejemplo, la agenda del cambio climático? 

Esta semana, el gobierno publicó un reporte sobre su primer año de gestión. De sus 128 páginas, solo una fue dedicada a la agenda del Ministerio del Ambiente. Y aunque a lo largo del texto hay algunas referencias aisladas, no se le dedica una sección a la política climática. El documento nunca menciona la palabra «indígena» y solo una vez «comunidad nativa». Como pasa en otros ámbitos de la gestión pública, la estación del segundo año de gobierno es quizá la última oportunidad para perfilar la agenda ambiental y del desarrollo sostenible. La última para no perder el tren.