Los principios democráticos deberían ser suficientes para condenar el autogolpe del 5 de abril de 1992. Y si esto no bastara, hay bastante evidencia sobre la precariedad de las excusas que usó Alberto Fujimori para justificarlo. Pero hay un tercer elemento: las promesas no honradas por los golpistas. A esto último voy a referirme. 

Fujimori, al dirigirse al país hace 25 años, anunció la disolución del Congreso de la República así como la reorganización del Poder Judicial, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Tribunal de Garantías Constitucionales, del Ministerio Público y de la Contraloría General de la República. Un «Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional» asumió a partir de ese momento, a través del Consejo de Ministros, la función legislativa. Era, sin duda, una dictadura.

Una comisión sería la responsable de reorganizar el Poder Judicial y otra formada por «connotados juristas» debía elaborar un proyecto de «reforma constitucional» que se aprobaría vía plebiscito. Entre tanto, quedó suspendida la vigencia de los artículos de la Constitución de 1979 incompatibles con los objetivos del gobierno dictatorial.

¿Cuáles fueron esos objetivos? Fujimori señaló en su discurso de aquella noche del 5 de abril que la razón por la cual el Perú no lograba prosperar era «la descomposición de la institucionalidad vigente». Y buscó justificar el golpe señalando que el mismo era indispensable para enmendar dicho problema con celeridad. Los objetivos del golpe, delineados en el mismo discurso, parecían atender dicho diagnóstico. ¿Cumplió el golpe sus promesas institucionales? Analizaré cada objetivo a fin de dar una respuesta a dicha interrogante.

a. Modificar la actual Constitución Política [de 1979] en lo que atañe al logro de una nueva estructura del Congreso y del Poder Judicial, con el fin de convertir a éstos en eficaces instrumentos de orden y desarrollo. En lo que concierne al primero, establecer un Poder Legislativo moderno, identificado con los intereses del país y que se renueve periódicamente.

La Constitución de 1993 cambió la organización del Congreso y algunos aspectos del Poder Judicial. Sin embargo, en el año 2000, tras fugar del país el Presidente Fujimori, ni el Congreso de la República ni el Poder Judicial eran vistos como «eficaces instrumentos de orden y desarrollo». Por el contrario, el detonante de la caída del régimen fue la difusión de un video en el cual un congresista electo recibía dinero a cambio de abandonar la bancada por la cual había sido elegido. En el siguiente punto daremos un poco más de detalle.

b. Moralizar radicalmente el Poder Judicial y las instituciones ligadas a él.

El despido de jueces y la destrucción de expedientes marcaron el inicio de la intervención en el Poder Judicial. Al culminar el período fujimorista, no solo se mantenían los niveles de corrupción sino que existía un nivel de sometimiento de los jueces y fiscales al gobierno. El vocal supremo Alfredo Rodríguez Medrano fue acusado de ser el nexo entre Vladimiro Montesinos y el Poder Judicial para obtener fallos favorables al gobierno de Alberto Fujimori. En el 2001 fue condenado a 8 años de cárcel. La Fiscal de la Nación durante el gobierno fujimorista, Blanca Nélida Colán Maguiño, fue también condenada en el 2003 a 10 años de cárcel y al pago de una reparación civil de 2 millones de nuevos soles, por poner el Ministerio Público al servicio de la mafia fujimontesinista y encubrir las actividades ilícitas de Vladimiro Montesinos.

c. Modernizar la administración pública para adecuarla a los fines del desarrollo y la mejor y más racional utilización de los recursos.

El gobierno de Fujimori impulsó una reducción del aparato público y la creación de un nuevo conjunto de entidades públicas, antes y después del autogolpe. Muchas de esas instituciones siguen funcionando. En particular las del campo macroeconómico y de la regulación. No obstante, dicho aparato fue utilizado por el gobierno sin control alguno, prestándose a un uso proselitista y siendo objeto de llana corrupción, cuestión que ampliaremos más adelante.

d. Pacificar el país, dentro de un marco jurídico que sancione en forma drástica a los terroristas y narcotraficantes, para así garantizar un clima de paz y tranquilidad que haga posible las inversiones nacionales y extranjeras.

El marco de sanción drástica del terrorismo fue efectivamente dado. No obstante, tras el fin del gobierno fujimorista, la ausencia de garantías mínimas en los procesos judiciales obligó a volver a llevar adelante los juicios y a revisar las penas dadas. De otro lado, muchas personas inocentes terminaron siendo condenadas, razón por la cual el propio gobierno de Fujimori tuvo que promover la creación de una comisión de indultos que atendiera dichos casos. La comisión recomendó la liberación de cientos de personas. Por otro lado, la violación de derechos humanos era alentada por un manto de impunidad. En este sentido, se dio una Ley de Amnistía que permitió que los responsables de crímenes de lesa humanidad salieran libres. Años después estas personas volvieron a ser procesadas y finalmente condenadas.

Hay que indicar, de otro lado, que buena parte de las medidas que permitieron logros tan importantes como la captura de Abimael Guzmán en setiembre de 1992 fueron dictadas mucho antes del autogolpe. Lo mismo puede decirse de la exitosa estrategia de constituir alianzas con las comunidades en las zonas rurales. El horrendo crimen de Tarata ocurrió meses después del golpe. Hubiera generado el mismo efecto de indignación nacional si hubiéramos estado en democracia.

El tema del narcotráfico lo veremos en el siguiente punto.

e. Luchar frontalmente contra el narcotráfico y las actividades ilícitas conexas y lograr la eliminación de los casos aislados de inmoralidad y corrupción en las fuerzas del orden y otras instituciones.

El narcotráfico no solo no se detuvo. El gobierno estuvo involucrado directamente con él. Ya en 1996, el narcotraficante Demetrio Limonier Chávez Peñaherrera –conocido como «El Vaticano»– aseguró que realizaba sus actividades delictivas con la complicidad de Montesinos. La Fiscal Blanca Nélida Colán desestimó las acusaciones. Tras la caída del régimen, Chávez Peñaherrera ratificó que entre junio de 1991 y mayo de 1992 le pagó a Montesinos más de medio millón de dólares. También contó que el asesor presidencial de Fujimori le advertía sobre los operativos antidrogas e impedía en otros casos su realización.

En el 2015, el expresidente de Colombia Andrés Pastrana (1998-2002) afirmó que Fujimori y Montesinos usaron el dinero del poderoso narcotraficante brasileño Luiz Fernando Da Costa "Fernandinho" para comprar 50 mil fusiles jordanos entregados a las Farc en 1999. Montesinos fue condenado en el 2006 a 20 años de prisión por la venta de armas a las Farc. Hubo otros 35 implicados en el caso, incluyendo miembros de las fuerzas armadas. Otras fuentes señalaron los vínculos de Montesinos con el cártel de Tijuana, como fue publicado en diarios mexicanos en el 2001, y con el cártel de Medellín, como afirmó el hermano del tristemente célebre Pablo Escobar.

f. Sancionar ejemplarmente todos los casos de inmoralidad y corrupción en la administración pública.

La concentración del poder y la ausencia de contrapesos políticos eficaces, sumado al control sobre los principales medios de prensa, generaron las condiciones para el desarrollo de uno de los gobiernos más corruptos de nuestra historia. Alfonso Quiroz –en su famoso libro «Historia de la corrupción en el Perú»– describe la dimensión de la red construida para robarle al país. Esto incluía a la familia Fujimori –algunos aún prófugos–, altos mandos militares y policiales, congresistas, miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público, ministros, alcaldes, empresarios, medios de TV, radio y prensa escrita, al Servicio de Inteligencia Nacional, así como vínculos directos con sectores criminales como los dedicados al narcotráfico y a la venta ilegal de armas. Y al medio de todo ello, Alberto Fujimori y Montesinos. Quiroz calcula que el costo medio de la corrupción durante dicho gobierno fue entre 14 mil y 20 mil millones de dólares. «Los niveles comparativos estimados de la corrupción –relata Quiroz– alcanzaron los índices combinados más altos del siglo XX: 50 por ciento del gasto gubernamental (superado únicamente por el régimen de Leguía, con 72 por ciento) y 4,5 por ciento del PBI (ligeramente inferior al 4,9 por ciento registrado por el régimen militar de la década de 1970)». La corrupción no empezó con Fujimori ni –como lo sabemos muy bien– terminó con él. Pero contracorriente a su promesa, la llevó a los picos más altos del siglo XX.

g. Promover la economía de mercado dentro de un marco jurídico que dé seguridad y fomente la eficiencia y competitividad de los agentes económicos.

Un ámbito en donde se lograron –al menos inicialmente– importantes logros fue en la economía. El desastre heredado por el primer gobierno de Alan García obligó a medidas drásticas. Precisamente aquellas que Fujimori prometió no tomar durante la campaña presidencial de 1990. Con un enorme pragmatismo, el gobierno fujimorista asumió en gran medida las líneas más importantes del programa económico de su rival Mario Vargas Llosa. Programa que Fujimori había criticado duramente. El Congreso de la República otorgó facultades legislativas antes del golpe que permitieron desarrollar las reformas económicas más importantes. Es decir, el golpe no varió sustantivamente dichas medidas. Sin embargo, años después, el gobierno no profundizó dichas reformas y terminó enfrentando las crisis económicas de fines de los 90. La economía tuvo un decrecimiento de -0,7% del PBI en 1998 y apenas creció 0,9% en 1999.

h. Reorganizar el Sistema Educativo adaptándolo a las necesidades del desarrollo, fomentando la creación de una conciencia patriótica y promoviendo la construcción masiva de centros escolares, para de esta manera, paralelamente, generar empleo.

La construcción de escuelas fue una de las políticas más apreciadas del gobierno fujimorista. Pero la calidad de la educación no mejoró sustancialmente, razón por la cual se ha convertido en el gran tema de agenda en el siglo XXI.

i. Descentralizar las facultades del Gobierno Central mediante un proceso de regionalización que reduzca la burocracia y el número de diputados regionales.

El golpe implicó la desactivación del proceso de regionalización que había iniciado el gobierno aprista. Sin embargo Fujimori nunca llevó a cabo ninguna descentralización manteniendo el control de los departamentos a través de 25 Consejos Transitorios de Administración Regional –CTAR–. Solo en el 2002 –durante el gobierno de Alejandro Toledo– se iniciaría un proceso de regionalización, aún inconcluso hasta la fecha. En cambio, el fujimorismo sí promovió una relación directa con los alcaldes, a través de prácticas de clientelismo político.

j. Elevar a mediano plazo, sustancialmente, los niveles de vida de la población, creando las condiciones para una plena realización de la persona humana.

La medición del bienestar social siempre es una cuestión debatible. Sin embargo, es evidente que durante el gobierno de Fujimori hubo una mejora. A diferencia del período 1981-1990 que tuvo un crecimiento promedio de -0,6%, el correspondiente a 1991-2000 fue de 4%. En tanto, el que corresponde a 2001-2006 fue de 4.8%. Esto acompañado de altos índices de estabilidad económica. No obstante, la pobreza se mantuvo alta –aumentando hacia fines de los 90–. Lo mismo pasó con la desigualdad. Es en el siglo XXI, en particular durante el período del boom de los precios de los minerales, que tanto la pobreza como la desigualdad se redujeron. Es decir, aún seguimos siendo dependientes en gran medida de los vaivenes de los precios internacionales de los productos que exportamos. La falta de reformas institucionales y los costos de la corrupción, siguen siendo los grandes obstáculos para un crecimiento sostenido y sostenible.

«El país debe entender –dijo Fujimori el 5 de abril– que la suspensión temporal y parcial de la legalidad existente, no es la negación de la democracia real sino, por el contrario, es el punto inicial de la búsqueda de una auténtica transformación que asegure una democracia legítima y efectiva; que permita a todos los peruanos convertirse en constructores de un Perú más justo, más desarrollado y respetado en el concierto de las naciones». Esto no ocurrió. Alberto Fujimori no construyó una democracia sino un régimen autoritario con elecciones bajo condiciones injustas, que posibilitó el crecimiento de la corrupción y que en lugar de fortalecer las instituciones políticas, las envileció. Fujimori no honró sus promesas. El golpe no ayudó a construir las instituciones que necesitábamos. Y esto no es una sorpresa. La concentración del poder suele ser el camino hacia el autoritarismo y la arbitrariedad, no el camino hacia la democracia y el estado de derecho. Ojalá hayamos aprendido la lección.

Más sobre el "Fujimorazo", aquí.