El día de ayer, el candidato presidencial Julio Guzmán fue entrevistado en un conocido programa de televisión. En dos momentos, dos de los panelistas/entrevistadores le consultaron sobre su posición con relación a la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas. Su respuesta –reiterada- fue “no la derogaré, pero tampoco la voy a aplicar” porque las comunidades pueden ser “manipuladas”. En cambio, señaló, reforzaría el área de “conflictos sociales”. 

Esta respuesta encierra varios equívocos. El primero, entender la consulta previa como una suerte de herramienta de atención de la conflictividad. Aunque la consulta previa puede ayudar a prevenir algunos conflictos sociales, su uso está vinculado con procesos tan distintos y alejados a dicha área, como lo es la consulta del Reglamento de la Ley Forestal o la política de lenguas indígenas o la de salud intercultural.

Pero eso no es lo más importante. La consulta previa no es algo que un gobierno pueda decidir "aplicar o no aplicar" discrecionalmente. Y no puede ser así porque es un derecho humano protegido constitucionalmente. Deriva del Convenio 169 de la OIT, un tratado internacional en vigor en el Perú desde 1995. Dicho convenio ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional de nuestro país como un Tratado de Derechos Humanos. Por lo tanto, la consulta previa goza de las garantías establecidas en nuestra Constitución para los derechos humanos.

Además, que el candidato Julio Guzmán anuncie que no va a aplicar la Ley de Consulta Previa es lamentable por otras tres razones:

a) La Ley de Consulta Previa fue aprobada cuando fue Viceministro.

b) Su implementación se inició cuando era Secretario General.

c) Su plan de gobierno habla de la "consulta previa". De hecho plantea identificar los procesos de consulta previa que se encuentran trabados y generar las condiciones para hacerlos viables.

Es decir, no puede –o no debería– alegar desconocimiento sobre el tema. Por todas estas razones, es necesaria una rápida y sana rectificación, ratificando el compromiso que todo aspirante a la presidencia debe tener con los derechos de los pueblos indígenas.