¿Venezuela es una democracia o una dictadura? Es una pregunta difícil de responder para quienes simpatizan con el lado social de las políticas impulsadas por el desaparecido Hugo Chávez. No es que desconozcan la vulneración de las libertades políticas que ocurren en dicho país. Por hechos similares, no dudarían en llamar dictadura a un gobierno de tendencia neoliberal. En muchos casos, lo que hay detrás es un menosprecio a la llamada “democracia liberal y procedimental”. En esta, los cargos públicos más importantes del gobierno son fruto de elecciones en las que participan todos los adultos sin exclusión alguna, a través de procesos electorales competitivos, libres y justos. Una vez electas, dichas autoridades son las que efectivamente gobiernan. Además, deben estar debidamente garantizadas las libertades políticas fundamentales: asociación, opinión, expresión y prensa. 

Sin embargo, para muchos sectores de izquierda este modelo es meramente formal (y no sustancial), representativo (en lugar de participativo) y burgués (en oposición a popular). En dicho orden de ideas, la democracia liberal-procedimental resultaría “falsa”. En cambio, piensan ellos, es necesario construir una “verdadera democracia”, una que sea “sustantiva” y no solo “formal”. Por ello, para aquellos resulta difícil no llamar “democracia” a un país que busca acercarse a la democracia “sustancial” de la igualdad socioeconómica.

El filósofo y militante de izquierda mexicano Carlos Pereyra Boldrini (1940-1988) –en el contexto del inicio de la transición democrática mexicana– alertaba a inicios de los ochenta de lo equivocado de tales dicotomías. El menosprecio de las libertades políticas a favor de la igualdad socioeconómica –afirmaba Pereyra– “es la vía más segura no solo para bloquear el control público o social de las decisiones oficiales, sino también para impedir el propio cumplimiento de la vocación igualitaria”. Así como la falta de igualdad socioeconómica puede debilitar las libertades políticas, la falta de estas hace imposible construir una sociedad socialista, sostenía.

Del mismo modo, tildar de burguesa a la democracia liberal – alegaba el filósofo mexicano– es olvidar que las libertades políticas y la representación son el resultado de “un penoso proceso de acumulación de derechos” que ha sido obtenido a pesar del capitalismo y no gracias a él. Conquista que además no es irreversible. De ahí que se encuentre bajo acecho constante. Como hemos visto en reiteradas ocasiones, la limitación de las libertades políticas –y no su expansión– ha sido la propuesta de la política (neo) conservadora. Conservadores y progresistas pueden terminar de aliados inesperados en contra de las instituciones que salvaguardan las libertades políticas.

Venezuela, por lo tanto, no es una democracia. La vulneración de las libertades políticas de sus ciudadanos pone en riesgo cualquier proyecto de ampliación de la igualdad social. Y esto sin entrar a discutir la viabilidad económica y política de dicho proyecto. Sin embargo, tampoco es dicho país una dictadura. La competencia electoral es real –aunque injusta–. Para casos como este Steven Levitsky y Lucan Way acuñaron hace algunos años el concepto de “autoritarismo competitivo”: un régimen político híbrido que combina la existencia de elecciones con severas limitaciones en la competencia electoral así como en los derechos políticos y en los mecanismos institucionales que los garantizan.

Por lo tanto, la respuesta a la pregunta sobre qué es una democracia puede brindar información útil a la ciudadanía. Es por ello una interrogante legítima. Más cuando la fijación democrática de sectores de la derecha con Venezuela pareciera desaparecer al tener que hablar de casos similares al Perú de los noventa. Demócratas precarios, como señala Eduardo Dargent, hay en todos lados. Por ello, un político debe estar preparado para dar una buena respuesta. En particular en una campaña presidencial.