Hace 93 años, la Cerro de Pasco Copper Corporation construyó la fundición de La Oroya como parte de sus operaciones en la región andina central del Perú. Ahí se refinarían los minerales extraídos de sus minas en la zona. El gobierno militar de Velasco Alvarado expropió hace 41 años dicha compañía –incluyendo el Complejo–. Hace casi 18 años, en el segundo gobierno de Fujimori, la función fue privatizada, siendo adquirida por Doe Run Company –desde el 2007, Doe Run Perú–.  

En 1997, poco antes de ser vendida, Centromin –la empresa estatal responsable del complejo – obtuvo un plazo de 10 años para cumplir con la normativa ambiental. Dicho Programa de Adecuación y Manejo Ambiental –PAMA– debía culminar en el 2007. Además de reducir la contaminación hídrica, era crucial reducir las emisiones atmosféricas, en particular el plomo –que además se acumuló en el suelo de La Oroya– y el dióxido de azufre. Para tal fin, debían hacerse mejoras tecnológicas sustantivas en los tres circuitos dedicados al procesamiento de cobre, plomo y zinc.

La presencia de plomo en la sangre de los vecinos de La Oroya –en particular en los niños– revelaba graves afectaciones a la salud. Por lo tanto, reducir la contaminación era una tarea indispensable para salvaguardar derechos fundamentales, como la vida, la salud y el ambiente. Esto llevó en su momento a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interpusiera una medida cautelar, exigiendo al Estado peruano adoptar medidas para proteger a la población de dicha ciudad.

No obstante, en el año 2006, el Ministerio de Energía y Minas prorrogó el plazo otorgado al proyecto “Plantas de ácido sulfúrico” del indicado complejo hasta el 31 de octubre de 2009. Esto fue logrado con presiones y protestas de los trabajadores y buena parte de la población de La Oroya, al ver en riesgo la principal fuente de ingresos de la ciudad. Esta prórroga implicó la inclusión de obligaciones adicionales a las establecidas en 1997.

Pero en el 2009 –en el contexto de nuevas protestas– la Ley 29410 y su reglamento establecieron una nueva prórroga. El plazo para el financiamiento y la culminación del proyecto “Planta de ácido sulfúrico” y modificación del circuito de cobre del complejo fue extendido hasta por 30 meses. Hasta 10 meses para obtener financiamiento y hasta 20 meses para su culminación y puesta en marcha. Es decir, hasta el 26 de marzo de 2012. A pesar de esto, en el 2009 la empresa se acogió a un proceso concursal ante Indecopi.

En julio de este año, el Ministerio de Energía y Minas aprobó el Instrumento Gestión Ambiental Correctivo del complejo. Este establece un plazo de 14 años para alcanzar de manera secuencial el Estándar de Calidad Ambiental del Aire para el dióxido de azufre. Para dicha fecha debería alcanzarse la meta de 80 microgramos por metro cúbico de dióxido de azufre –promedio 24 horas–. Al mismo tiempo se intentó vender el complejo. No hubo ofertas. Ahora se acusa a las obligaciones ambientales de ser la causa.

Alentar las inversiones reduciendo las exigencias ambientales es una política equivocada. Así lo he sostenido cuando se estableció una transitoria reducción de multas y cambios en las pautas de actuación en la fiscalización ambiental. O cuando se limitaron las competencias de las autoridades ambientales para facilitar determinadas inversiones. La culpa no la tienen las normas ambientales, sino una política de prórrogas e incumplimientos que no ha resuelto hasta la fecha la situación de La Oroya, y que solo ha servido para que una empresa evada sus responsabilidades, generando un precedente nefasto para el país.

Columna publicada en Diario 16.