El Estado no existe en muchos lugares del Perú. Esta afirmación la hizo David Rivera, Director de la Revista PODER, en una reciente entrevista, tras visitar zonas alejadas de Piura, Pucallpa, Arequipa y Puno. ¿De qué Estado hablamos? La clásica definición de Max Weber habla de una entidad que es capaz de monopolizar el ejercicio legítimo de la violencia sobre un territorio y su población. ¿Cuánto se aleja esta descripción de lo que observamos a diario en nuestra interacción con los agentes estatales y en los discursos sobre lo qué es el Estado y lo que debería ser?  

Joel S. Migdal, profesor de la Universidad de Washington, ha definido al Estado como un campo de poder marcado por el uso y la amenaza de la violencia. Según aquel, los Estados reales están determinados por dos elementos. Primero, la imagen poderosa de una organización, definida y unificada, de la que se habla como si fuera un actor con una motivación central que se comporta de una manera coherente para gobernar sobre un territorio bien definido. Segundo, las prácticas reales de las partes que conforman el Estado. Ambos componentes puede reforzarse mutuamente. Pero si las prácticas están en contradicción con la imagen, pueden destruirse una a otra.

Así, las fronteras dibujadas en un mapa pueden ser contradichas por las prácticas reales que muestran áreas en donde las autoridades estatales son incapaces de controlar el paso de las personas y bienes. El carácter dominante del aparato estatal puede ser puesto en cuestión por otros poderes que imponen su dominio sobre personas y territorios. La imagen de separación –y superioridad– del Estado sobre los intereses particulares, entra en colisión con las prácticas que muestran el predominio arbitrario de los intereses particulares sobre los públicos. De ahí que hablar de ausencia o debilidad estatal no es suficiente. Al mirar las practicas reales, en tensión con la imagen del Estado, es posible identificar relaciones más complejas y diversas que muestran a los agentes estatales estableciendo coaliciones, alianzas y redes con múltiples actores –incluso ilegales–, produciendo reglas eficaces que son distintas a las consagradas por las leyes.

José Matos Mar, fallecido el viernes a los 93 años, publicó en 1984 un ensayo que se convertiría en un clásico de las ciencias sociales: “Desborde popular y crisis del Estado. El nuevo rostro del Perú en la década de 1980.” Ahí describió “la incongruencia de un Estado Nación que no representaba ni expresaba las aspiraciones de la gran mayoría de sus súbditos”. La inconsistencia entre el Perú Oficial –incluyendo al Estado formal– y el Perú Marginado –la sociedad marginada– es descrita por Matos Mar en términos de desborde e informalización. El aparato estatal –sus prácticas reales– es insuficiente para asegurar y garantizar la vigencia universal de su propia legalidad. La imagen del Estado entra en crisis.

Matos Mar observa al debilitado Estado “girando en el vacío”. Las masas marginadas –los protagonistas del desborde y la informalidad– generan “bolsones semiautónomos de poder” que prescinden del Estado y se oponen a él. La esperanza de Matos Mar era que dicho desborde condujera a la construcción de un orden estatal que ponga fin a la marginación. Esperanza que ignora esta relación más compleja entre lo formal y lo informal –y lo ilegal–. En lugar de un Estado weberiano, el proceso puede conducir a una estructura de acuerdos entre los actores estatales y las masas que puede gozar de estabilidad y fortaleza. No hay duda de la vigencia de la senda de análisis abierta por José Matos Mar. Es nuestra tarea abrir nuevas.

Columna publicada en Diario 16.