El enfrentamiento entre los responsables económicos del anterior gobierno –Luis Carranza– y del actual –Alonso Segura y Piero Ghezzi– es, ante todo, un pleito de familia. En lo esencial, están de acuerdo. Es lo que llamaré, por simplificar, el consenso sobre el modelo económico. Aquel que hemos aplicado desde la década de inicios de los noventa. Carranza acusa al actual gobierno de salirse del camino. Segura y Ghezzi replican que no. El ex Ministro de Economía identifica las reformas que son necesarias para consolidar el modelo y señala que el actual gobierno no ha trabajado en ellas. El actual Ministro de la Producción responde recordándole a Carranza que él poco hizo por dichas reformas en un contexto económico más favorable, mientras que el actual gobierno sí avanza en ellas. Carranza señala que el crecimiento económico trae la diversificación. Ghezzi está de acuerdo. Pero, agrega, el Estado puede ayudar en dicho proceso.  

Una cuestión relevante para el modelo es el desarrollo de las actividades extractivas ¿Qué explicaría las dificultades que ellas enfrentan? Carranza identifica en primer lugar la ausencia (o debilidad) estatal en la preservación de los derechos de propiedad y en la efectividad de los contratos. En segundo lugar, la desconfianza de la población en la regulación ambiental. Tercero, la falta de capacidad del Estado para gastar en la mejora de los servicios públicos –y no en gasto asistencialista– para reducir la desigualdad de manera permanente. En este balance está ausente la mejora de la calidad de nuestra democracia. La buena representación política, el respeto de los derechos humanos y la necesidad de transformar los conflictos sociales, no aparecen como cuestiones centrales de la gobernanza de los recursos naturales.

De otro lado, no se identifica la inequidad subsistente como un factor que afecta las propias políticas públicas sobre los recursos naturales y la diversidad cultural. Me explico con un ejemplo. Cuando se dice que hay que preservar los derechos de propiedad, uno tiene dudas sobre sí esto se extiende a la agenda pendiente de titulación indígena bajo reglas que incorporan formas de propiedad y posesión reconocidas por el Convenio 169 de la OIT. O si el respeto a los contratos alcanza a los múltiples acuerdos que firma el Estado con las comunidades y no se cumplen.

Al mismo tiempo, la discusión ha traído consigo algunas confesiones, quizá involuntarias. Dice Piero Ghezzi "...el aumento de regulaciones y tramitología que heredó el gobierno, la continuó [el actual gobierno] al comienzo, pero que [este] ha empezado a revertir." ¿Qué regulaciones dictó el gobierno al inicio y que ahora considera “tramitología” que ha empezado a revertir? ¿La ley y reglamento de consulta previa, la ley de fortalecimiento de la fiscalización ambiental o las normas para fortalecer la evaluación de impacto ambiental?

Tampoco aparece la discusión sobre las políticas de planificación territorial. La regulación actual se centra en el proyecto de inversión, casi sin marcos más amplios de decisión que tomen en cuenta la diversidad de actores presentes en el territorio. Todo lo señalado hasta aquí es necesario para darle al aprovechamiento de nuestros recursos naturales un marco más racional e integral que haga posible un desarrollo humano y sostenible para todos. Desde luego caben otras miradas y críticas. Las mías provienen de mis preferencias y convicciones. Eso sí, hay que buscar que el debate sobre el aprovechamiento de los recursos naturales se enriquezca y no quedarse en pugnas entre quienes quieren mostrar quién tiene mayor apego a la fe compartida.

Columna publicada en Diario 16.