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¿Elecciones adelantadas?

Los efectos electorales de una hipotética disolución del Congreso

Publicado: 2015-04-01

La censura de la Presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, pone sobre la mesa la posibilidad de la disolución constitucional del Congreso de la República. Esta facultad del Presidente de la República, prevista en el artículo 134° la Constitución, quedaría habilitada si el parlamento censurara o negara su confianza a otro Consejo de Ministros. En tal circunstancia, si el Presidente ejerciera dicha atribución deberá convocar a elecciones bajos las actuales reglas electorales. Los nuevos comicios deberán realizarse antes de los cuatros meses de la fecha de la disolución. Esto, de darse, constituiría una situación inédita en nuestra historia política. 

Tras las hipotéticas elecciones, que se realizarían posiblemente en julio, los nuevos parlamentarios ocuparían sus curules por un período de solo 12 meses. Y poco tiempo después estarían avocados a una nueva campaña electoral con miras a las elecciones generales del 2016. Por lo tanto, es imposible desligar ésta situación con la competencia por llegar a Palacio de Gobierno. Una eventual elección congresal del 2015 se caracterizaría por no contar con la locomotora de la candidatura presidencial. Como pasó con las elecciones ocurridas tras la revocatoria de los regidores de la Municipalidad Metropolitana de Lima, es probable que esto favorezca a los partidos políticos mejor organizados y que tengan una marca reconocida. De otro lado, las ofertas de los candidatos deberían –en principio– vincularse solo a la agenda parlamentaria, con la dificultad de tener que acotarla a un año de gestión.

Por otro lado, los candidatos presidenciales podrían sentirse incómodos con una campaña adelantada. Como hemos visto en la elección de regidores en Lima, es probable que los resultados de las nuevas elecciones no coincidan con los resultados de las previstas para el 2016. Un buen resultado no garantiza nada. Y un mal desempeño podría convertirse en un lastre. No hay mucho que ganar. Además, la campaña puede abrir antes de tiempo el debate sobre diversos temas sensibles, obligando a los grupos a posicionarse sin que el premio mayor –la presidencia– esté aún en juego. Por ello, no sería raro que un candidato presidencial prefiriera que su partido no participe de dichas elecciones parlamentarias.

El financiamiento de la campaña será otro problema. Muchos de los posibles aportantes no tendrán mayor interés en utilizar recursos en candidatos a un puesto de un año de duración y preferirán esperar al proceso electoral de 2016. Una campaña austera, sin agenda clara para los votantes, carente de la presencia de candidatos presidenciales, puede llevarnos a la desorientación y a la apatía ciudadana. Y ya no me referiré a los costos económicos de organizar una elección nacional.

La suma de todo lo reseñado apunta a que unas elecciones para reemplazar a los congresistas relevados en la situación actual no luce favorable a la mayoría de grupos políticos ni para el país. Más aun cuando esto podría agravar los problemas de la estabilidad política, haciendo más tortuosos los dieciséis meses que restan para culminar el periodo del Presidente Humala. Lo mejor, por lo tanto, es evitar este escenario. ¿Tomará en cuenta el gobierno estos factores al elegir al sétimo titular de la Presidencia del Consejo de Ministros? ¿Los considerarán los opositores políticos al momento de reaccionar frente a la decisión presidencial? En los próximos días tendremos la respuesta a estas interrogantes.

Columna publicada en Diario 16.


Escrito por

Ivan Lanegra

Enseño ciencia política en la PUCP y en la Universidad del Pacífico. Tras 20 años en el Estado, intento escribir con simplicidad sobre él.


Publicado en

Ensayos de Estado

Textos breves sobre política, Estado y gestión pública