Los deslizamientos mortales en Chosica y el clima inusualmente cálido en Lima son muestras de un futuro no muy lejano de mayor temperatura global. Y al mismo tiempo son fenómenos que de manera recurrente se presentan en nuestro país. Siendo parte de nuestra historia, aún somos incapaces de adaptarnos a fin de evitar sus efectos más perjudiciales. Y ahora se espera que dichos eventos climáticos se vuelvan cada vez más comunes y severos. 

La COP 20 en Lima ha permitido continuar las negociaciones con miras a lograr un acuerdo climático global, legalmente vinculante, este año en Paris, en la COP 21. Me refiero a un instrumento legal que garantice la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel que no ponga en riesgo la vida en el planeta tal como la conocemos. Los pronósticos sobre si los países podrán alcanzar o no a un resultado aceptable siguen siendo grises.

Un acuerdo climático es una cuestión crítica para países que, como el Perú, son muy vulnerables al cambio climático. Lo que está en juego son las condiciones que hacen posible el goce de derechos fundamentales, como la salud, el acceso al agua potable, el ambiente, la alimentación, y la propia vida. Es, además, una cuestión de justicia global y de responsabilidades compartidas. No hay duda de que los países desarrollados son quienes han contribuido en mayor medida en la generación del problema con sus emisiones atmosféricas. Por ello tienen el deber moral de contribuir decisivamente a la reducción de los gases de efecto invernadero y de brindar apoyo a los países más impactados por el cambio climático.

Más allá de la negociación climática, el Perú, país que no contribuye significativamente a las emisiones globales, debe abocarse a dos tareas. De un lado, generar los cambios en su economía para llevarla hacia una baja en carbono, es decir, más eficiente en el uso de la energía y menos emisora de gases de efecto invernadero. Por otro lado, son indispensables las políticas de adaptación, a fin de minimizar los impactos negativos del cambio en el clima. Para que ambos rumbos de acción sean efectivos, deben ser acompañados de reformas del Estado que fortalezcan su presencia en el territorio y que garanticen una actuación articulada de los diferentes niveles de gobierno.

Además de proteger la vida de los peruanos, cuestión indudablemente prioritaria, estas medidas también permitirán reducir los altos costos económicos que implica la atención de los desastres. Viviendas destruidas que nunca debieron construirse sobre áreas vulnerables. Carreteras e infraestructura pública que debe ser reparada una y otra vez. Millones de soles que son arrastrados por los huaicos. Son todos síntomas de una ocupación del territorio que no ha considerado el factor climático. No podemos seguir creciendo sin ordenamiento y planificación territorial. No está en nuestras manos controlar el clima. Pero sí lo está prepararnos para enfrentarlo. Esta es una tarea política. Una muy urgente.

Columna publicada en Diario 16.