La alegría de los dirigentes indígenas en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros era explicable. Años de reclamos veían un resultado concreto. “Ministra Ana Jara, gracias por escucharnos tras décadas de solicitudes”. Estas palabras las pronunció Aurelio Chino, Presidente de la Federación Indígena Kichwa del Pastaza, tras firmar con las autoridades del Poder Ejecutivo un acuerdo por el cual el gobierno nacional asumió compromisos por alrededor de 100 millones de nuevos soles a favor de las comunidades de los pueblos indígenas de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañon. El acuerdo incluye –entre otras medidas– la creación de un fondo inicial de 50 millones para la remediación ambiental de las áreas afectadas por la extracción de hidrocarburos tras cuarenta años de actividad petrolera en la zona. 

Alfonso López, Presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca, calificó el momento como un "día histórico" para las comunidades loretanas. "No nos ayudan solamente a nosotros sino también a miles de hermanos indígenas", agregó el dirigente indígena. Y lo dicho no es válido solo para quienes habitan en las cuencas incluidas en el acuerdo. El contenido de lo acordado será a partir de ahora un precedente para otras demandas sin atender de otros pueblos indígenas de la Amazonía y sus comunidades. Un primer lineamiento a seguir será el cumplimiento célere y completo de los compromisos asumidos. Esta no es una cuestión menor.

La implementación de los acuerdos es precisamente lo que vienen exigiendo los pueblos indígenas Maijuna y Kichwa. Ellos participaron del primer proceso de consulta llevado a cabo en el marco de la Ley de Consulta Previa y su reglamento a mediados del 2013. El Estado Peruano, a través del Gobierno Regional de Loreto y del Ministerio del Ambiente, se reunió con los representantes de dichos pueblos para discutir la creación de una nueva área natural protegida. Se logró un acuerdo pleno y el nombre que llevaría el área sería un testimonio del compromiso de los pueblos indígenas participantes: el Área de Conservación Regional Maijuna-Kichwa.

16 meses después el área sigue sin crearse. Para esto es necesario un Decreto Supremo del Poder Ejecutivo. Ante esta situación, los dirigentes indígenas Maijuna y Kichwa vinieron a Lima y sostuvieron distintas reuniones, incluyendo una con funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros. Lamentablemente no consiguieron una respuesta satisfactoria a su reclamo. La creación de la nueva área de conservación sigue sin fecha fija. Decepcionante.

Es por esto pertinente recordar lo que señala la Ley de Consulta Previa promulgada el 2011: “El acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios, como resultado del proceso de consulta, es de carácter obligatorio para ambas partes. (…) Los acuerdos del resultado del proceso de consulta son exigibles en sede administrativa y judicial.” Este es un camino que tienen abierto los pueblos indígenas ante el incumplimiento de lo acordado. Pero no es lo mejor. Lo que es imperativo para el gobierno –en todos sus niveles– es construir una relación de confianza y cooperación con los pueblos indígenas. Esto no se logrará si uno de los sectores más vulnerables de la sociedad peruana debe pasar por otros años de juicios y procedimientos engorrosos para conseguir justicia. Cumplir lo acordado es la base de una oportunidad histórica que tiene este –y el próximo gobierno – de ganarse la confianza de los pueblos indígenas, dando un paso sólido en la construcción de una sociedad intercultural.

Columna publicada en Diario 16.