La educación ambiental es un pilar central de cualquier sociedad sostenible. Ella debe estar presente en todos ámbitos -formales, informales y no formales- de la actividad educativa. Más en un país como el Perú, en donde la agenda ambiental plantea enormes desafíos. Sin embargo, el Ministerio de Educación, con la aprobación el 31 de enero de su nuevo Reglamento de Organización y Funciones -ROF-, una norma que define su estructura interna, ha decidido eliminar su Dirección de Educación Comunitaria y Ambiental. Se trata de un órgano que ha funcionado durante las últimas dos décadas. 

La decisión llama más la atención si uno observa los compromisos internacionales que nuestro país ha asumido durante los últimos meses. En setiembre de 2014 se firmó la "Declaración de Lima" del VII Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, un evento organizado en Lima por los Ministerio de Educación y de Ambiente. En dicha declaración se recordó la necesidad de "fortalecer la institucionalización de políticas educativas ambientales transversales estableciendo en cada país un sistema nacional de educación ambiental que articule los ámbitos gubernamentales y no gubernamentales, dotando de recursos humanos y económicos suficientes a las áreas responsables de los Ministerios de Educación y del Ambiente"

En noviembre de 2014, en Nagoya, Japón, se realizó la Conferencia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible, bajo el lema "Aprender hoy para un futuro sostenible". En la declaración firmada al final de la cita global se invita a los estados miembros de la UNESCO -el Perú entre ellos- a asignar y movilizar recursos considerables para llevar las políticas a la práctica, en especial creando las capacidades institucionales necesarias para la educación y el aprendizaje tanto formales como no formales en los planos nacional y subnacional en el marco de la educación para el desarrollo sostenible.

Pero aún más simbólico es el hecho de que el 13 de diciembre pasado - durante la COP 20 realizada en nuestro país - los países participantes se comprometieron a fortalecer las políticas de sensibilización y educación ambiental. Se entiende que el Perú, que tiene la presidencia de la COP hasta la reunión en París a fin del presente año, debería dar el ejemplo con sus políticas internas.

Lamentablemente, el nuevo ROF del Ministerio de Educación parece ir a contracorriente de todo lo señalado. Más que eliminarla, hubiera sido necesario fortalecerla, a fin de asegurar que el enfoque ambiental que el propio ROF plantea como uno de los objetivos del ministerio, cuente con un responsable directo con las capacidades suficientes para cumplir con eficacia su función. Opción que, además, sí ha sido elegida en el caso de la educación alternativa, de la educación intercultural y en la educación rural. Ahora el enfoque ambiental es solo una tarea transversal. A cargo de todos, pero sin ningún responsable directo. Esperemos que el Ministerio del Ambiente convenza a su par y se de marcha atrás en esta decisión.

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