Hernando De Soto ha incursionado en el debate sobre la minería informal/ilegal. ¿Qué plantea? Usted ya lo sabe: derechos de propiedad. Ha criticado duramente la política de formalización minera gubernamental. La acusa de ineficaz y de constituir en la práctica una barrera que impide a cientos de miles desarrollar una actividad económica valiosa. Si el Estado no otorga derechos, los mineros no estarán “empoderados”. Como prueba de ello solo 5 mineros habrían completado el proceso de formalización. En realidad son 7. 

¿Es la minería ilegal –en un sentido económico– un problema de derechos de propiedad? Sí. En eso De Soto acierta. De los casi 59,000 mineros informales que presentaron sus declaraciones de compromiso –el primer paso en el camino a la formalización–poco más de 4,000 han podido demostrar que son titulares de una concesión, o que cuentan con un contrato de cesión o uno de explotación de una concesión otorgada a un tercero. Y solo 196 mineros han podido acreditar que son propietarios de los terrenos en donde se desarrolla la actividad extractiva o que cuentan con la debida autorización de los propietarios para llevarla a cabo.

La situación de la minería ilegal se parece menos a los “conquistadores de arenales” y más a los invasores de terrenos privados. El ámbito rural no es un espacio vacío. Tanto en la costa, como en la zona altoandina y en la amazonía existen otros actores con derechos otorgados por la administración estatal: concesiones sobre el subsuelo, derechos de aguas, concesiones forestales, tierras de comunidades nativas y campesinas, áreas naturales protegidas, bienes del patrimonio histórico, etc. Exigir que áreas como la Reserva Nacional Tambopata, el Parque Nacional del Huascarán, o las Líneas de Nazca estén libres de minería (de cualquier tipo) no lo convierte a uno en un ambientalista radical.

Por otra parte, la relación entre los derechos de propiedad y la gestión de los recursos naturales no es una cuestión nueva. En un famoso artículo de 1960, el Premio Nobel de Economía Ronald Coase, explicó como la asignación de derechos podría tener limitaciones para manejar problemas de contaminación si los costos de transacción –de ponerse de acuerdo sobre qué medida adoptar frente a ella– son muy elevados. De Soto propone que los mineros informales/ilegales y el Estado negocien las políticas de formalización. Pero aún si los problemas de propiedad antes descritos se resolvieran, los actores que deberían participar –los afectados– no serían solo los mineros. Las externalidades de la minería pueden ser severas, incluyendo daños irreparables e intolerables. Altas inversiones para evitarlo son indispensables.

En 1968, Garrett Hardin sostuvo que la explotación óptima de los recursos –y el bienestar de los actores económicos– demanda la fijación de derechos individuales que internalicen los costos de los yerros y los beneficios de los aciertos. Pero en 1990 otra Premio Nobel de Economía, Elinor Ostrom, mostró que los hechos marcaban un tercer camino, que no era ni la privatización del recurso ni su estatización, siempre que las personas construyeran instituciones. Pero estas –lección central– no funcionan igual en todos los casos. De Soto tiene razón al señalar la relevancia de considerar las condiciones específicas en que se desarrolla la minería informal/ilegal en cada lugar del país. Pero el mismo argumento lo tendría que llevar a aceptar que su receta “derechos de propiedad” no será siempre una opción.

Hay una última dimensión. La política. La minería informal/ilegal ofrece algo que la minería formal de gran escala carece: masas. “Conga sí debe ir, pero con ellos” ha dicho De Soto. ¿Será factible esta alianza?

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