Solo una mirada mezquina puede negarse a reconocer el esfuerzo hecho por el actual Ministro del Ambiente –y los funcionarios de su sector– para mantener, corregir e incluso mejorar las políticas ambientales del país. Los méritos no culminan en el ámbito local. El trabajo previo a la realización de la COP 20 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es reconocido fuera del país. Y hay –con las implacables limitaciones de la negociación climática global– cierta expectativa entre los actores internacionales sobre lo que puede lograrse en unas semanas en Lima. 

Nunca ha sido sencillo impulsar estas políticas. En 1990, el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales apenas sobrevivió un año sin sufrir cambios. No fueron muchas las modificaciones, pero sí críticas. Por ejemplo, un Decreto Legislativo eliminó la obligación que tenían los proyectos de inversión de contar con Estudios de Impacto Ambiental. No obstante, 5 años después volverían. Se trata, por lo tanto, de logros y avances siempre vulnerables, pues consolidarlos requiere tiempo. Además, los actores políticos más relevantes le han prestado poca atención. En la gran mayoría de ocasiones han concebido la política medioambiental como supeditada a las necesidades económicas y productivas del país.

Es en ese contexto en que deben leerse las tensiones y problemas que ha enfrentado recientemente la agenda ambiental. No voy a repetir las críticas a recientes cambios en la regulación ambiental. La Ley N° 30230, dada con el objetivo de promover las inversiones, significó un debilitamiento –con distinto grado de severidad– de la institucionalidad ambiental. Pero la característica más saltante ha sido el carácter fragmentado y nada sistemático de las modificaciones. Da la impresión de una suma dispersa de respuestas a demandas que ha venido recibiendo el gobierno. De otro lado, la difusión de correos electrónicos de altas autoridades -indebidamente obtenidos- nos han mostrado una disputa del liderazgo ambiental. Sin lugar a dudas, una controversia política.

Lo que parece también estar agotado es el enfoque que ha dominado la manera de entender y hacer política ambiental en el país durante los últimos años: concebir la gestión ambiental como un asunto esencialmente técnico –y no político–. Esto se ha reflejado tanto en las dificultades que ha tenido el gobierno para – a partir de un discurso construido sobre la idoneidad técnica– hacer viables proyectos mineros de gran escala y formales, así como hacer inviable el desarrollo de la minería ilegal. Los recientes resultados políticos electorales refuerzan este punto.

La política ambiental post COP 20 solo podrá superar estos escollos si logra dar señales creíbles de mantener el liderazgo sectorial y si –y esto no solo incumbe al MINAM– el gobierno prioriza –sin dejar de lado la fortaleza técnica– el enfoque político. Esto implicará privilegiar el diálogo, la negociación y la estrategia. Pero sobre todo significará asentar la gestión ambiental en un respeto profundo por quienes tienen posiciones diferentes o son los afectados –actuales o quizá futuros– de las decisiones gubernamentales. No es el ambiente. Es la política.