La primera obligación de un Estado es brindar seguridad y protección a sus miembros frente a los peligros internos y foráneos. Cuando un ciudadano le pide a sus autoridades que protejan su vida -y la de los suyos- de las amenazas de delincuentes y el aparato estatal actúa con desidia, se quiebra el pacto político fundamental. Y si quienes claman por ayuda, mueren en manos de dichos criminales, se produce una afrenta moral. 

Sancionar ejemplarmente a los responsables -inmediatos y mediatos- de la muerte de los cuatro dirigentes asháninkas ocurrida hace unos días, no es la única deuda del Estado. Reparar el daño causado requerirá de una actuación efectiva e inmediata que atienda las justas demandas de los pueblos indígenas de la zona. Justicia que, no está de más recordarlo, exigen todos los pueblos indígenas del país.

Lea aquí el Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo