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FOTO: MILAGROS SALAZAR

Derrame de acciones legales contra la fiscalización ambiental

El que contamina, no quiere pagar

Publicado: 2014-07-10


En la regulación ambiental existe un viejo –y esencial– principio que reza así: el que genera un riesgo o un daño ambiental, debe ser responsable de evitarlo, reducirlo o –si lo anterior no es posible- repararlo.

Por dicha razón, por ejemplo, si un proyecto de inversión introduce un riesgo a la sociedad, el costo de regularlo –a fin de evitar que se convierta en un daño – debe correr a cargo de quien se beneficia de la actividad. De lo contrario, el inversionista obtendría –básicamente – todas las ganancias, y la sociedad en su conjunto asumiría las pérdidas.

La regulación tiene un segundo principio clave. Es mejor prevenir el daño que repararlo. ¿Por qué? Porque el deterioro ambiental pudiera ser irreparable. Si la especie endémica –que solo existe en un lugar– desapareciera, ya no hay vuelta atrás. Cualquier indemnización o multa sería inútil.

¿Por qué les cuento todo esto? Porque varias empresas del sector minero han iniciado un conjunto de acciones legales con un fin: dejar de pagar el costo de la fiscalización ambiental. Actualmente, dicho costo es cubierto por el denominado “Aporte por Regulación - APR”. Originalmente pensado para los reguladores de los servicios públicos (agua, luz, teléfono), el mismo fue extendido también a la regulación minera. Esta ocurrió cuando la regulación ambiental de la minería pasó primero al OSINERMING en el 2007 y luego al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -OEFA- tras su creación en el 2008.

¿Quiénes son estas empresas mineras? ¿Qué acciones han planteado? 

Hasta el momento, un grupo de ellas habría planteado –a través de varios expedientes presentados casi al mismo tiempo- denuncias ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas – CEB del INDECOPI: buscan que INDECOPI declare barrera burocrática ilegal e irracional la exigencia del pago del Aporte por Regulación (APR).

Compañía Minera Pampa de Cobre S.A.

Sociedad Minera Corona S.A.C.

Compañía Minera Viyaicocha S.A.C.

Compañía Minera Caudalosa S.A.

Otro grupo de empresas mineras habría planteado demandas ante el Tribunal Constitucional –también casi al mismo tiempo – buscando que este declare inaplicable el Decreto Supremo N° 130-2013-PCM por vulnerar principio de legalidad, reserva de la ley y no confiscatoriedad y ordene la devolución de lo pagado por el Aporte Regulatorio.

Minera Yanacocha S.R.L

Compañía Minera Coimolache S.A.

Compañía Minera Atacocha S.A.A.

Votorantim Metais – Cajamarquilla.

Compañía Minera Ares S.A.C.

Muchos nombres conocidos. Sorprende, en particular, la presencia de Compañía Minera Caudalosa. Esta fue la responsable de un grave derrame de relaves en Angaraes, Huancavelica que afectó severamente al Río Opamayo y luego al Río Huachocolpa, ocurrido en el año 2010. Yanacocha, por otro lado, fue la responsable de un derrame de mercurio en Choropampa, Cajamarca, en junio del 2000. Este afectó la salud –y la vida– de personas del lugar. Sus consecuencias aún nos siguen.

El Presidente del OEFA ha respondido a estos cuestionamientos. Sin embargo, más allá de la discusión legal –que tendrá que resolverse en la comisión y el tribunal– la primera pregunta que uno debería hacerle a todas las empresas mineras que han iniciado estas acciones es ¿están de acuerdo en pagar el costo que implica fiscalizarlas? Si la respuesta es sí, entonces se trata de sentarse con las autoridades y corregir -si los hubiera- los problemas legales u operativos que pudieran existir.

Si la respuesta es NO – no quieren pagar dicho costo–, entonces estaríamos frente a una acción absolutamente inaceptable, algo que debería ser rechazado por todos los peruanos. La fiscalización ambiental es una actividad vital para el éxito de la regulación. Desde luego que hay que mejorarla para hacerla más preventiva –no simplemente llegar para limpiar– y promotora de buenas prácticas –incentivos–. Pero pagar el costo de la fiscalización es un principio de justicia elemental que no admite excepción. Ojalá el sector minero como conjunto ratifique su compromiso con la fiscalización ambiental.


Escrito por

Ivan Lanegra

Enseño ciencia política en la PUCP y en la Universidad del Pacífico. Tras 20 años en el Estado, intento escribir con simpleza sobre él.


Publicado en

Ensayos de Estado

Textos breves sobre política, Estado y gestión pública